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CCARI

Jornada por la Etica Pública contra la Corrumpción y la Impunidad

26/07/2013

Documento conjunto de Coalicion Civica ARI y Proyecto Sur

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013

Como lo venimos sosteniendo desde nuestros espacios, en la Argentina estamos viviendo un preocupante proceso de enquistación en el Poder de prácticas corruptas, en las que funcionarios de las más altas jerarquías se sirven de sus cargos para sacar beneficios en su provecho y en el de empresarios “amigos” que son cómplices y se enriquecen a costa del resto del pueblo.

Dicha connivencia entre funcionarios y empresarios, atraviesa transversalmente las principales actividades productivas del país y las prestaciones de servicios públicos en las que el Estado y el sector privado deben interactuar en pos del beneficio de toda la sociedad, convirtiéndose en un nicho de negocios espurios.

La actividades  realizadas en sectores como la obra pública, el ferrocarril, el petróleo, la pauta publicitaria oficial, el juego, entre otros, configura una “matriz de saqueo” que se replica en cada sector en donde existen recursos estatales listos a ser apropiados indebidamente; habiéndolos denunciado de manera reiterada cada vez que la evidencia de los hechos nos lo  impuso.

En tal sentido, observamos que la impunidad de la que gozan estos funcionarios y empresarios, se encuentra de hecho “garantizada” como resultado de la inacción e ineficiencia judicial y la “contaminación” por las diversas formas de corrupción de los agentes que operan en o sobre la Justicia; siendo este uno de los puntos más preocupantes que se observa en la temática, en nuestro país.

A partir del estrecho vínculo observado entre la “corrupción” y la pobreza, especialmente en los países subdesarrollados, se impuso el tema de la “transparencia” en la agenda pública internacional.vSin embargo, lejos estamos –cada vez más-de poder controlar y colocar a este “flagelo” dentro de parámetros reducidos que sean aceptables para una sociedad desarrollada; lo que nos coloca muy arriba en el índice de percepción de corrupción, a nivel internacional.

Desde el “roba pero hace” hasta llegar a los insondables niveles de indiferencia/ aceptación/ justificación/ encubrimiento actuales, hemos transitado dos caminos paralelos en los cuales, por un lado, se incorporó a la agenda pública, el debate sobre la problemática existente; pero por otro lado, se han ido incrementando en los hechos, los “atajos” tomados por un Poder que detrás de un discurso “progresista” y de justicia social, ha sabido construir una perversa estructura de prebendas y enriquecimientos ilícitos, sin riesgo de tener que asumir ninguna responsabilidad por ello.

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

Por lo señalado, proponemos la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como una de las herramientas en contra de la impunidad.

En tal sentido, es de advertir que si bien el párrafo segundo del artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, tal suspensión se encuentra limitada al plazo del desempeño del cargo por parte del funcionario imputado; luego de lo cual los plazos fijados por los artículos 62 a 66 continúan corriendo hasta que en la mayoría de los casos, la acción termina feneciendo por la inacción judicial.
En la historia de los últimos treinta y siete años, sobran los ejemplos de funcionarios públicos que, aún cuando perjudicaron gravemente al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier responsabilidad penal debido precisamente a los plazos de prescripción que operaron favorablemente para que los delitos quedaran impunes.

No debe desconocerse que en todos los procesos en los que se encuentran involucrados funcionarios públicos de cierto rango, a la inacción de los tribunales-motivada en la falta de independencia real del poder de turno-, se suman las propias carencias funcionales para realizar una investigación en forma eficiente; las argucias procesales para dilatar las causas realizadas por quienes intentan evadir todo tipo de responsabilidad; y el rol funcional de las oficinas públicas que deliberadamente, no cumplen con los requerimientos que les efectúan los tribunales o lo hacen morosamente después de innumerables intimaciones, entre otras.

Un caso emblemático resulta el del dr. José Alfredo Martínez de Hoz, ex Ministro de Economía de la Nación, imputado de graves cargos por defraudación a la administración pública y que fuera procesado en la causa 14.467 que tramitara ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, habiéndose dictado a su favor el sobreseimiento de la acción penal por el transcurso del tiempo, luego de diecisiete años desde el inicio de la causa. Al que podemos sumar las causas por la voladura de la fábrica militar de Rio Tercero, por la enajenación de las acciones de propiedad participada de las compañías telefónicas, por la privatización de YPF, y tantas otras que se han iniciado en los últimos diez años de gobierno kirchnerista, que “duermen” en los armarios de los juzgados federales o directamente son cerradas definitivamente, sin dar curso a una suficiente investigación.

Si bien la duración razonable del proceso es un principio del derecho penal, en tanto no puede someterse a persona alguna a una causa de duración indefinida, es parte del corpus constitucional, la obligación de los Estados de garantizar la búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables, ante delitos de gravedad institucional como los de corrupción; estipulada en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Debe recordarse que el artículo 36 de la Constitución al hablar de la afectación al sistema democrático establece en el anteúltimo párrafo “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargo o empleos públicos”. A su vez, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), define con precisión la figura del funcionario público y el significado de la función pública, como también los actos de corrupción, obligándose los Estados signatarios a adecuar ciertas figuras penales a su legislación penal.

Así, sin perjuicio de no desconocer que existen fundamentos que determinan la viabilidad del instituto de la prescripción en la mayoría de los casos, entendemos que el mismo debe quedar restringido para los casos en que la comisión de delitos afecten el orden público y los bienes del Estado; debido a que no se trataría de un injusto particular, sino de un perjuicio causado a toda una comunidad, lo que determina un carácter gravoso que no puede ser amparado por un beneficio prescriptivo, que puede tener acogida en acciones diferentes.

Implementación del Juicio por Jurados

Asimismo, entendemos que el reducir el protagonismo y controlar el poder de los magistrados, especialmente de quienes integran el fuero penal federal -que muchas veces son sospechados de parcialidad y dependencia del Poder Político-, resulta otra medida adecuada y efectiva en contra de la impunidad; sobre todo para lograr llevar a Juicio Oral y Público a quienes han vulnerado los bienes jurídicos que las políticas públicas de transparencia buscan proteger. Siempre que la ciudadanía forme parte activa del cambio, tomando contacto directo con la problemática. Lo que a su vez, agrega un componente educativo a la experiencia.

Por lo mismo, planteamos la necesidad de implementación del Juicio por Jurados para los casos de corrupción en los que se encuentren acusados los funcionarios públicos de más alto rango o en los cuáles, como resultado del delito cometido, se encuentre comprometido considerablemente, algún interés estatal.

No podemos desconocer que la implementación del Juicio por Jurados para los juicios criminales, es una deuda que debemos saldar con nuestra Carta Magna (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional), en tanto se trata nada menos que de una de las garantías incorporadas en el Capítulo Primero de la Constitución Nacional. Conteste con el espíritu de lo que Tocqueville define como “la participación democrática en la administración de Justicia”.

Habiendo sido ya implementado, aunque en forma incipiente, en algunas jurisdicciones como la provincia de Córdoba –con experiencias positivas-, o Chubut, en donde recientemente ha sido incorporado a la legislación procesal; resta hacer efectiva su aplicación a nivel nacional, mediante una regulación que garantice la eficiencia del sistema, en un todo de acuerdo con los principios, derechos y garantías también tutelados por nuestra Constitución Nacional.

Lo que requiere de un debate que a esta altura, se impone sin más dilaciones.

Reformas en el Consejo de la Magistratura

Continuando con la problemática desde el punto de vista del Poder Judicial, tenemos que existe consenso general en que muchos magistrados que se encuentran a cargo de nuestros tribunales, no reúnen los atributos de honestidad, imparcialidad e independencia del Poder Político, que la magistratura les requiere. Además de resultar cada vez más discutida la legitimidad de los mismos, en tanto se observa carencia de vocación de servicio, idoneidad y conocimiento jurídico, de quienes finalmente, son designados en los cargos.

Todo lo cual resulta consecuencia directa del sistema de selección en el que predomina aún el “padrinazgo” político, familiar o empresarial, según lo definiera Carlos Cossio en su libro “Ideología y Derecho”.

Resulta necesario insistir en la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, con el propósito de democratizar dicho órgano y brindar un aporte a la consolidación de un Poder Judicial eficiente, honesto y transparente, dentro del marco de la Constitución Nacional vigente y sin debilitarlo frente al Poder Ejecutivo ni a ningún otro poder, sino contrariamente, estructurándolo de forma de asegurar una mayor independencia del mismo, lo que como correlato, conllevará a una mayor imparcialidad en sus resoluciones y eficiencia en su proceder. A fin de garantizar los derechos de todos, y no de un sector en particular, y terminar así con la impunidad.

La problemática conlleva a graves y complejas consecuencias, no sólo desde el punto de vista institucional, socavando la legitimidad de una de las instituciones pilares de nuestro sistema republicanos, sino desde el punto de vista de la función de prevención general de la norma; pues tal como lo alertara también Carlos Cossio, “Quien no tiene confianza en los jueces no tiene ninguna razón para depositar su confianza en las normas”.

Para lo cual insistiremos con el proyecto de leyque tiene como finalidad modificar las Leyes 24.937 y 26.080 de creación, integración y atribuciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con el que los bloques que integráramos obtuvimos media sanción en Diputados en el año 2010, que luego fue rechazado por el Senado (Expte. Nº 1025-D-2011).

Siendo los puntos más relevantes de la propuesta, los siguientes:
Mediante un cambio en la composición, se asegura un mejor equilibrio a la luz del texto constitucional, privilegiando la representación profesional por sobre la política y eliminando el “poder de veto” del que goza actualmente el oficialismo.

Se introduce la posibilidad de realizar concursos antes de que se produzcan las vacantes y de esa manera fijar una lista de idóneos entre los cuales el Consejo de la Magistratura pueda ir seleccionando la terna a medida que se vayan produciendo las vacantes. Lo cual va a permitir superar muchas de las demoras que ocasiona el hecho de tener un gran porcentaje de la Justicia federal o nacional en manos de jueces precarios que puedan ser fácilmente manejables.

Se busca una mayor trasparencia mediante la designación de los funcionarios más importantes del Consejo, tales como el administrador general del Poder Judicial, el secretario de Auditoria, el secretario general, que será a través de concursos públicos de antecedentes y oposición; y se incrementa la publicidad de la actuación del Consejo, sobre todo en materia de disciplina y acusación.

Se refuerzan los mecanismos de control sobre el desempeño del Poder Judicial mediante indicadores objetivos de desempeño de los tribunales y la realización de auditorías periódicas sobre el desempeño, a través de normas de calidad que tiene que elaborar el Consejo.

Se elimina la discrecionalidad, tanto en los concursos como en los procesos disciplinarios, con mayor transparencia y obligación de dar cuenta regularmente del avance de los casos para que sean seleccionados los más idóneos y para que no haya magistrados ni perseguidos ni beneficiados con el “cajoneo” de expedientes.

Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)

En el año 1996, la OEA adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), que fue aprobada en nuestro país por medio de la ley 24.759, sancionada el mismo año; adoptándose gradualmente, una serie de reformas legislativas en nuestro derecho interno, en pos de una mayor transparencia, contestes con la tendencia internacional en la materia.

Pese a lo cual se encuentran pendientes otras tantas reformas legislativas como las aquí planteadas, que sean el reflejo de una verdadera política de Estado dirigida a combatir la problemática creciente de la corrupción; y la recategorización del instrumento, a fin de que sea parte de nuestras normas del más alto rango, implicaría un reconocimiento de la verdadera gravedad de este flagelo, y la asunción de un compromiso por parte del legislador, en pos de la una de las más urgentes luchas que tenemos pendiente en nuestro país. En tanto los efectos que genera, violentan principalmente el derecho a la igualdad, ya que los más perjudicados son precisamente, los que menos tienen.

El preámbulo de la CICC, convoca a: “Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos…”.

Lo que resulta una descripción contundente de lo que padecemos día a día los argentinos, con las instituciones republicanas carentes de legitimidad y violentadas constantemente por el poder de turno, valores humanos depreciados, una justicia que por acción u omisión termina garantizando impunidad y niveles altísimos de corrupción entre funcionarios y empresariado que directamente “mata”.

En la Tercera Cumbre de las Américas –que tuvo lugar en la ciudad de Quebec, Canadá, en el año 2001– se reconoció que la corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, que debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales.

En la actualidad, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), se encuentra en la clasificación de los tratados que tienen jerarquía superior a las leyes de nuestro país. Sin embargo, consideramos que este valioso instrumento debe gozar de la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, junto a la Constitución Nacional y los restantes tratados sobre derechos humanos que ya gozan de ese rango.

Considerando que el artículo 36 de la Constitución Nacional, califica a los actos de corrupción como atentatorios contra el propio sistema democrático y que las violaciones a los derechos humanos de las personas no se circunscriben a los crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias o la censura ejercida desde el poder estatal. Puesto que el deterioro constante y progresivo en las condiciones económicas y sociales de la sociedad, producido por la corrupción, se traduce en la vulneración de los intereses fundamentales de los individuos más desprotegidos.

Esto, a fin de robustecer el sistema sancionatorio y de prevención, detección y erradicación de la corrupción en nuestro país; obligando al Poder Legislativo, a actualizar en forma permanente nuestra legislación, para adecuarla al espíritu de la norma fundamental.

Y en tanto el constituyente de 1994 facultó al Congreso Nacional para ampliar el catálogo de instrumentos internacionales de rango constitucional, a través de un mecanismo de mayoría agravada, impulsaremos la incorporación la Convención Interamericana contra la Corrupción como tal, mediante la sanción de un proyecto de ley en este sentido.

Facundo CajénJornada por la Etica Pública contra la Corrumpción y la Impunidad